La
cuestión de la deuda
Por
qué hay que defender el impago
La
deuda pública total supone 1.052.837
millones, el 97,70% del PIB
en España. O más de 5 veces el total del Presupuesto anual del
Estado.
Sólo
el pago de intereses de la deuda supone en el proyecto de
presupuestos de 2016 más de 33.000 millones de euros, un 16% del
total del presupuesto.
Si
se paga en 10 años, como son ahora las emisiones más largas de
deuda, supondría pagar 105.283
millones
al año. Si sumamos los intereses, casi 140.000 millones al año. Es
decir, condicionar la política de cualquier gobierno y hacer
imposible el gasto social.
Las
propuestas de auditoría y reestructuración de la deuda
Muchos
compañeros y compañeras nos plantean propuestas de auditoría de la
deuda, para determinar qué parte se considera ilegítima, y pagar la
deuda “legítima” reestructurando pagos e intereses. En estas
propuestas, se suele considerar deuda “ilegítima” la contraída
para rescatar a los bancos y deuda “legítima” el resto. Según
la mayoría de cálculos, la parte de deuda dedicada al rescate
bancario alcanzaría 200.000 millones de euros.
Entonces,
nos quedaría pagar 860.000 millones de euros más sus intereses. Los
intereses serían de unos 27.000 millones de euros.
Suponiendo
que se reestructurara el capital de la deuda para pagar a 20 años en
vez de 10, serían 43.000 + 27.000 euros al año, es decir, 70.000
millones de euros al año de los Presupuestos dedicados al pago de la
deuda y sus intereses. Es decir, una vez más, condicionar la
política de cualquier gobierno y hacer imposible el gasto social.
Eso
suponiendo que los acreedores acepten la reestructuración propuesta.
La
deuda como arma política
La
experiencia de los últimos años, sobre todo la de Grecia, pero
también la del conjunto de los países de Europa, es que la deuda
supone una formidable arma para condicionar la política de cualquier
gobierno. No sólo para obligarle a pagar la misma, sino sobre otras
cuestiones de política general. Hemos visto cómo las “agencias de
calificación” suben los tipos de interés de la deuda en respuesta
al anuncio de un gobierno de que va a anular parcialmente una
contrarreforma laboral o de que va a readmitir a unos funcionarios
despedidos.
De
dónde viene la deuda
El
origen de la deuda está en la existencia de déficit públicos, es
decir, de una diferencia entre lo que ingresa el Estado y lo que
gasta. Entonces , para cubrir ese déficit, se recurre a la deuda.
Ahora
bien, ¿de dónde viene ese déficit? En su inmensa mayoría viene
del hecho de que el Estado Español recauda muy poco dinero de
impuestos.
La
recaudación en España se sitúa en el 37,1% del PIB, mientras que
la media de la zona euro en 2012 fue del 46,2% del PIB. ¡Nueve
puntos de diferencia! Y eso a pesar de que
España
es el tercer país de la zona euro con un impuesto sobre la renta de
las personas físicas (IRPF) más alto (con un tipo máximo aplicable
del 52%), y de que el IVA está a niveles similares del resto de
Europa.
El
problema es que el IRPF lo pagan sobre todo los ingresos provenientes
de rendimientos del trabajo, y en especial los trabajadores con
salarios más altos, mientras que las grandes fortunas pagan un 1% a
través de las SICAV. Y el impuesto de sociedades, que pagan las
empresas, tiene un tipo medio real del 5%. Y es sabido que las
multinacionales, tanto españolas como extranjeras, hacen maniobras
de “ingeniería fiscal” para pagar impuestos en paraísos
fiscales. A esto le llaman “elusión fiscal”
Pero,
no contentos con este inmenso coladero legal para no pagar impuestos,
existe un inmenso fraude fiscal consentido (a eso le llaman “evasión
fiscal”). Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTHA, la
evasión fiscal total se calcula en 90.000 millones de euros al año.
GESTHA añade que el
72% de ese fraude fiscal lo hacen las grandes empresas y las grandes
fortunas. Es decir, más de 60.000 millones de euros al año.
Por
tanto, el origen de la deuda no está en que el Estado tenga que
cubrir servicios a la población y hacer inversiones con pocos
fondos, sino en el inmenso fraude fiscal, tanto legal como “ilegal”
(pero consentido) que se permite a las grandes empresas y fortunas.
En
este sentido, toda la deuda con el capital finnaciero es ilegítima.
No es una deuda del pueblo, y no debe ser pagada.
La
necesidad de romper con la Unión Europea
En
el año 2010, se reformó el artículo 135 de la Constitución para
poner el pago de la deuda y sus intereses por encima de cualquier
gasto o necesidad social. Pero esa reforma de la Constitución no
hizo otra cosa que traducir la “regla de oro” que figura en el
propio tratado de la Unión Europea.
Dejar
de pagar la deuda es una necesidad si se quiere hacer una política
social, una política favorable a los trabajadores. Pero un gobierno
que haga eso tiene que proclamar su insumisión frente a la Unión
Europea y sus imposiciones.
