Ni moratoria ni auditoría ¡No al pago de la deuda!

La cuestión de la deuda

Por qué hay que defender el impago

La deuda pública total supone 1.052.837 millones, el 97,70% del PIB en España. O más de 5 veces el total del Presupuesto anual del Estado.

Sólo el pago de intereses de la deuda supone en el proyecto de presupuestos de 2016 más de 33.000 millones de euros, un 16% del total del presupuesto.

Si se paga en 10 años, como son ahora las emisiones más largas de deuda, supondría pagar 105.283

millones al año. Si sumamos los intereses, casi 140.000 millones al año. Es decir, condicionar la política de cualquier gobierno y hacer imposible el gasto social.

Las propuestas de auditoría y reestructuración de la deuda

Muchos compañeros y compañeras nos plantean propuestas de auditoría de la deuda, para determinar qué parte se considera ilegítima, y pagar la deuda “legítima” reestructurando pagos e intereses. En estas propuestas, se suele considerar deuda “ilegítima” la contraída para rescatar a los bancos y deuda “legítima” el resto. Según la mayoría de cálculos, la parte de deuda dedicada al rescate bancario alcanzaría 200.000 millones de euros.

Entonces, nos quedaría pagar 860.000 millones de euros más sus intereses. Los intereses serían de unos 27.000 millones de euros.

Suponiendo que se reestructurara el capital de la deuda para pagar a 20 años en vez de 10, serían 43.000 + 27.000 euros al año, es decir, 70.000 millones de euros al año de los Presupuestos dedicados al pago de la deuda y sus intereses. Es decir, una vez más, condicionar la política de cualquier gobierno y hacer imposible el gasto social.

Eso suponiendo que los acreedores acepten la reestructuración propuesta.

La deuda como arma política

La experiencia de los últimos años, sobre todo la de Grecia, pero también la del conjunto de los países de Europa, es que la deuda supone una formidable arma para condicionar la política de cualquier gobierno. No sólo para obligarle a pagar la misma, sino sobre otras cuestiones de política general. Hemos visto cómo las “agencias de calificación” suben los tipos de interés de la deuda en respuesta al anuncio de un gobierno de que va a anular parcialmente una contrarreforma laboral o de que va a readmitir a unos funcionarios despedidos.

De dónde viene la deuda

El origen de la deuda está en la existencia de déficit públicos, es decir, de una diferencia entre lo que ingresa el Estado y lo que gasta. Entonces , para cubrir ese déficit, se recurre a la deuda.

Ahora bien, ¿de dónde viene ese déficit? En su inmensa mayoría viene del hecho de que el Estado Español recauda muy poco dinero de impuestos.

La recaudación en España se sitúa en el 37,1% del PIB, mientras que la media de la zona euro en 2012 fue del 46,2% del PIB. ¡Nueve puntos de diferencia! Y eso a pesar de que España es el tercer país de la zona euro con un impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) más alto (con un tipo máximo aplicable del 52%), y de que el IVA está a niveles similares del resto de Europa.

El problema es que el IRPF lo pagan sobre todo los ingresos provenientes de rendimientos del trabajo, y en especial los trabajadores con salarios más altos, mientras que las grandes fortunas pagan un 1% a través de las SICAV. Y el impuesto de sociedades, que pagan las empresas, tiene un tipo medio real del 5%. Y es sabido que las multinacionales, tanto españolas como extranjeras, hacen maniobras de “ingeniería fiscal” para pagar impuestos en paraísos fiscales. A esto le llaman “elusión fiscal”

Pero, no contentos con este inmenso coladero legal para no pagar impuestos, existe un inmenso fraude fiscal consentido (a eso le llaman “evasión fiscal”). Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTHA, la evasión fiscal total se calcula en 90.000 millones de euros al año. GESTHA añade que el 72% de ese fraude fiscal lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas. Es decir, más de 60.000 millones de euros al año.

Por tanto, el origen de la deuda no está en que el Estado tenga que cubrir servicios a la población y hacer inversiones con pocos fondos, sino en el inmenso fraude fiscal, tanto legal como “ilegal” (pero consentido) que se permite a las grandes empresas y fortunas.

En este sentido, toda la deuda con el capital finnaciero es ilegítima. No es una deuda del pueblo, y no debe ser pagada.

La necesidad de romper con la Unión Europea

En el año 2010, se reformó el artículo 135 de la Constitución para poner el pago de la deuda y sus intereses por encima de cualquier gasto o necesidad social. Pero esa reforma de la Constitución no hizo otra cosa que traducir la “regla de oro” que figura en el propio tratado de la Unión Europea.

Dejar de pagar la deuda es una necesidad si se quiere hacer una política social, una política favorable a los trabajadores. Pero un gobierno que haga eso tiene que proclamar su insumisión frente a la Unión Europea y sus imposiciones.

 

Ante las asambleas de delegados de UGT y CCOO

La Plataforma de Sindicalistas (plataformadesindicalistas.blogspot.es) difunde esta hoja

Mi intervención en el Consejo Confederal de CC.OO.

El Programa de Estabilidad que el gobierno ha remitido a Bruselas responde a las presiones y exigencias de los mercados financieros, que amenazan con medidas contra la deuda pública, como han hecho en Grecia.

Lo que pretenden es recuperar como sea los miles de millones que se evaporaron en la burbuja de la especulación. Junto con los miles de millones enterrados en el pozo sin fondo de las ayudas a los banqueros.

Hay dinero para la economía productiva y para el empleo. No está en la Caja de la Seguridad Social, sino en los bolsillos de los banqueros, los especuladores, los que no pagan impuestos o pagan al 1%.

El plan que se somete a Bruselas, no se basa en las necesidades de la recuperación económica y el empleo, ni en la situación de la seguridad social, ni en las previsiones económicas y demográficas ¿quién puede prever el crecimiento de la población o de la productividad dentro de 50 años? Se basa en el respeto de los criterios de déficit público de Bruselas. Supone que ahora todos tenemos que pagar, con nuestros salarios, con el salario diferido, con las pensiones, con recortes en el sector público, los servicios públicos.

El plan de estabilidad supone, además, incumplir el acuerdo de Función Pública. Recortar 50.000 millones el gasto público, recortar un 4% la masa salarial de los empleados públicos, imponer una tasa de reposición de sólo un 10% de las vacantes en la función pública es incompatible con ese acuerdo. Y además, la reducción de inversiones públicas y de personal en los servicios públicos supone abrir un escenario de deterioro y de privatización de los servicios públicos.

Los sindicatos no podemos aceptar. No podemos aceptar ningún recorte de pensiones (por tanto, no podemos aceptar ningún aumento en el periodo de cómputo). Ni recortes en la pensión de viudadeda, ni en la deorfandad, ni en la aportación de las Mutuas a la Caja de la Seguridad Social. No podemos aceptar ningún retraso en la jubilación. No podemos esperar a ver qué dice el Pacto de Toledo (que hasta ahora sólo ha servido para recortar las pensiones). Jubilarse a los 67 años no puede aceptarse ni porque lo diga el Pacto de Toledo ni el Papa de Roma. No podemos aceptar ningún recorte del sector público, de los empleados públicos, de los servicios públicos. Con 4000 despidos diarios no podemos aceptar ninguna generalización del despido más barato.

El plan del gobierno no es negociable. Debemos exigir su retirada. Como han hecho los sindicatos griegos con el plan de estabilidad del gobierno Papandreu.

Los sindicatos tenemos una gran responsabilidad. Miles de afiliados y trabajadores están indignados con las propuestas del gobierno, nos piden que actuemos.

Tenemos que convocar, de acuerdo con UGT, una campaña de movilización sostenida para que el gobierno retire las propuestas del plan de estabilidad. Preparando una Huelga General si el plan no es retirado. Los sindicatos de Grecia han convocado huelga general contra el plan de ajuste de su gobierno. Ese es el camino.

Respecto del Acuerdo de Negociación Colectiva, creo que es un error. Asumir moderación salarial con una claúsula de revisión a los tres años y cláusulas de inaplicación generalizadas va a llevar a que las empresas pidan la inaplicación en masa y los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

La resolución propuesta exige, en mi opinión, tres cambios: hay que exigir la retirada del plan de estabilidad del Gobierno, haya que plantear que no aceptamo sningún recorte de pensiones, hay que mantener la movilización unida hasdta la convocatoria de una huelga general si el gobierno no da marcha atrás.

Por qué voté no al acuerdo de Negociación Colectiva

Mi voto en el Consejo Confederal fue el único en contra de la propuesta de resolución presentada al Consejo Confederal.

Me costó trabajo votar NO en solitario, pero estoy convencido de que hice lo que debía en conciencia.

Creo que había que votar NO al AINC y NO a la propuesta sobre el pensionazo y el plan de austeridad del gobierno. Y que merecía la pena que las propuestas no se aprobaran por unanimidad.

Yo no creo que la línea del sindicato deba ser la de Pacto de Estado por la economía, el empleo y la cohesión social. Creo que vivimos en una sociedad dividida en clases sociales, en la que una de esas clases sociales, propietaria de los medios de producción, vive de la plusvalía que arranca a los trabajadores. No existen intereses comunes, un “bien común”, sino intereses antagónicos. Los sindicatos fueron creados para defender los intereses específicos de los asalariados, contrapuestos a los del capital.

Respecto del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva: el sector crítico ha votado siempre en contra de los AINC. En la reunión previa al Consejo Confederal se dio libertad de voto.

Yo creo que este AINC es peor que los que hemos rechazado en los años anteriores, por varios motivos:

1. En los AINC anteriores se firmaba subidas de la inflación prevista más los aumentos de productividad. Ahora se firma por debajo de la inflación prevista y sin repercutir los aumentos de productividad

2. En los AINC anteriores se firmaba cláusula de revisión a IPC real anual. Ahora puede ser anual o al tercer año de vigencia de los convenios

Por otra parte, hay que recordar las propuestas de UGT y CCOO en la negociación del AINC, que eran: subidas del 1 al 2%, subidas mayores en los salarios más bajos, reinversión de los beneficios. Y de eso, nada. Sólo subidas “de hasta el 1%”

La cláusula de descuelgue (de “inaplicación salarial”), ocupa un lugar destacado en el acuerdo. Es un paso hacia la anulación, en la práctica, de la negociación colectiva. A mi juicio, moderación salarial durante tres años y al final del periodo una cláusula de revisión por los tres años supone un riesgo elevadísimo de que las empresas pidan masivamente la inaplicación salarial.

Finalmente, el acuerdo supone iniciar negociaciones para la reforma de la negociación colectiva. Todo parece indicar que se abre la vía hacia la negociación empresa por empresa, la “flexibilidad interna”es decir, el cuestionamiento de los convenios sectoriales y la adaptación a las necesidades de cada empresa.

Algunos pueden justificar que ahora las cosas son distintas que en otros ANC, por la gravedad de la crisis. Pero aceptar que ante la crisis la salida es aceptar recortes de salarios ¿no supone la aceptación de que son los salarios los culpables y que por lo tanto lo que decíamos de que la crisis no la deben pagar los trabajadores es mentira?

Respecto del plan de austeridad del gobierno: El plan es un ataque a en toda la línea a los trabajadores y los servicios públicos. Incluye medidas contra las pensiones (jubilación a los 67, aumento del periodo de carencia par tener derecho a pensión, aumento del periodo de cómputo de las pensiones), con el objetivo de recortar un 2% del PIB el gasto de pensiones. Son 20.000 millones robados a los pensionistas. También incluye recortes en la masa salarial de los empleados públicos (un 4% de la masa salarial), recortes de personal en los servicios públicos (10% de tasa de reposición) y recortes en la inversión pública. Menso empleados públicos, menos inversión en servicios públicos supone, además de incumplir el acuerdo de Función Pública (como muchos nos temíamos ya cuando se firmó) abrir la vía a una oleada de privatizaciones de servicios públicos.

No basta con “Rechazar la actual configuración del plan de austeridad recientemente aprobado por el Gobierno” como dice la resolución del Consejo Confederal ¿es que aceptaríamos otro plan de austeridad? La propuesta debía ser exigir al gobierno que retire el plan de austeridad. Como dije en mi intervención, hay dinero para cubrir el déficit público y para crear empleo. No está en la Caja de la Seguridad Social, sino en los bolsillos de los banqueros, los especuladores, los que no pagan impuestos o pagan al 1%.

Y ¿Cómo podemos exigir “el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de empleo y salarios en la Función Pública”, cuando el plan de austeridad supone recortar en 1’9 puntos del PIB (o sea, 19.000 millones) la remuneración de los asalariados del sector público y reducir más de un 6% las plantillas?

El gobierno ha presentado su Plan de Austeridad ante la Unión Europea, para contentar a los “mercados financieros” (o sea, a los especuladores), y lo hace para cumplir con los objetivos de estabilidad financiera y déficit que impone la Unión Europea. A eso se le llama gobernar para Bruselas (y para las multinacionales que están detrás de Bruselas), y contra los trabajadores.

En cuanto a las movilizaciones convocadas: Yo estoy a favor de la movilización unitaria hasta la retirada total de pensionazo, de todos y cada uno de los recortes incluidos en el mismo, del plan de austeridad.

El gobierno acaba de ir a la City de Londres, Vaticano del capital financiero, a dar garantías de que va a ir hasta el fin en sus propuestas de austeridad. Allí, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa aseguró que si hacían falta más recortes, los harían. Al día siguiente se ha reunido en París con “una treintena de responsables de fondos de inversión, bancos y expertos en negociación de deuda”, y les ha dicho que “Hay partes del sector público que claramente hay de recortar: la masa salarial, los gastos operativos, la reestructuración de las entidades, el gasto de infraestructuras”. Campa, añadió que el Gobierno tiene previsto “reformar” algunas entidades públicas.

Ante la determinación del gobierno, ante la presión de los mercados financieros y de la Unión Europea, la cosa no está fácil. Hace falta mucha firmaza por parte de las organizaciones de los trabajadores. Creo que el Consejo Confederal debía haber resuelto ir hasta el fin, anunciar la convocatoria de una huelga general si el gobierno no retira sus propuestas.

Una última consideración. Los que asistimos al Consejo Confederal pudimos escuchar las dos últimas intervenciones en el turno de palabras, dos compañeros de la Mesa del Consejo Confederal: Oímos a Paloma López (secretaria confederal de Empleo y Migraciones) decir que hay que negociar sobre reforma laboral sin líneas rojas, y que habrá que hablar de extender el contrato de fomento de empleo con indemnización de 33 días. También oímos a Carlos Bravo (responsable confederal de Seguridad Social) cuando dijo que preparamos un proceso de movilización para fortalecer nuestra posición de cara a firmar un futuro nuevo acuerdo de pensiones, y que nuestro mensaje se centra en dos cosas: retraso de la edad de jubilación y aumento del periodo de carencia, en tanto que las demás propuestas del gobierno son tan ambiguas que dan espacio para negociar. Toxo en su intervención de cierre apoyó explícitamente las intervenciones de ambos ¿se trata, entonces, de negociar “buenos” recortes de derechos? Yo creo que no, que se trata de defender los derechos arrancados por los trabajadores en la lucha de clases

Por eso voté no. Creo que tenía que dejar claro mi desacuerdo.

Ahora, hay que preparar las movilizaciones decididas contra el pensionazo. Yo voy a trabajar para que sean un éxito, pero seguiré peleando para que mi sindicato vaya más allá. La línea no debe ser una movilización autolimitada para negociar recortes. Al día siguiente al Consejo Confederal los sindicatos de Grecia convocaban huelga general en el sector público, y para el 25 de febrero, huelga general. Creo que trabajar para que vayamos en esa orientación es mi deber como militante obrero

¿Deben los sindicatos firmar un nuevo pacto social?

Sobre las  Propuestas sindicales para un acuerdo por el empleo y la protección social presentadas por UGT y CCOO

Las confederaciones sindicales de UGT y CCOO han hecho público un documento de propuestas que abarca diversos ámbitos de actuación (protección social, servicios de empleo, modelo productivo, sistema educativo...) con el objetivo de relanzar el llamado “diálogo social”.

En su introducción, el documento explica que “el diálogo social hoy está languideciendo y por ello las confederaciones sindicales de CCOO y UGT proponemos un acuerdo de carácter estatal a favor del empleo y la protección social, para el impulso de la economía y el cambio de modelo productivo”. Recordemos que el dialogo social se ha paralizado por la actitud de la Patronal, que ha pretendido llevar al mismo su “programa máximo” (abaratar el despido, reducir impuestos y cotizaciones sociales, destruir la negociación colectiva...).

Ahora bien, cuando varios de los miembros del gobierno del Partido Socialista han hecho pública su opción por abaratar el despido y reducir los salarios reales, como el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y el de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, a la vez que el presidente de la Generalitat, José Montilla, defendía la vinculación del salario del trabajador a su productividad, el “abaratamiento del empleo”, y una reforma de la negociación colectiva, que considera demasiado “rígida”, para que los convenios colectivos sectoriales no sean de cumplimiento obligatorio, y cada empresa pueda llegar a acuerdos “singulares” con sus trabajadores, en tanto que la Patronal exige recortes muy importantes. ¿Qué puede esperarse del dialogo social, sino nuevos recortes de derechos y conquistas sociales?

El capitalismo vive una profunda crisis. Las decisiones que han tomado los gobiernos, el G-20, la Unión Europea, se han centrado en el salvamento de los banqueros, de los propios causantes de la crisis. La entrega de miles de millones de fondos públicos a los banqueros lastra los presupuestos públicos y condiciona toda la política. ¿Puede plantearse desde el punto de vista de los trabajadores, y sin cuestionar esas ayudas, como hace el documento de UGT y CCOO  “actuar sin tardanza, implicando activamente al conjunto de la sociedad  empezando por sus principales actores, el Gobierno, los agentes económicos y las organizaciones sindicales”? ¿No habría que recordar que la sociedad capitalista esta compuesta por clases con intereses contradictorios, y que los sindicatos existen y fueron construidos para defender los intereses particulares de los trabajadores?  Se quiere imponer la idea que la funcion de los sindicatos es colaborar con el gobierno de turno y los empresarios para hacer funcionar la economia, pero lo cierto es que su obligación es defender a los trabajadores, y que, hoy más que nunca, es imposible salvar a los banqueros y a los trabajadores. O ellos o nosotros.

¿No habría que hacer un profundo balance de lo sucedido en el diálogo social hasta ahora? En los últimos años los sindicatos han hecho concesiones importantes en las mesas de ese diálogo social, generalmente con la justificación de la creación de empleo. Abaratamiento del despido, proliferación de contratos temporales de diverso tipo, bonificaciones millonarias a los empresarios a cargo de la caja de la Seguridad Social... Ahora con la crisis los empleos “creados” se han volatilizado, mientras que los recortes de derechos y conquistas sociales se mantienen.

El gobierno Zapatero tiene una responsabilidad con sus votantes, su base social, que son los trabajadores. Tiene el deber de legislar en favor de la inmensa mayoría. ¿No es eso lo que debíamos exigir los sindicatos?

No creo que pueda hacerse un balance positivo del  diálogo social, ni menos aún insistir una y otra vez en atraer a él a una Patronal que viene a regañadientes, con bien poco interés, que defiende la política “cojonuda” de Esperanza Aguirre, y que ya ha formulado una y otra vez propuestas durísimas contra los trabajadores.

Empleo y cobertura de desempleo

El documento de UGT y CCOO propone diversas medidas para aumentar la cobertura de la protección por desempleo, tanto la prestación como el subsidio y la renta activa de inserción. Nada habría que objetar a esta línea de propuestas, aunque se plantean dos problemas. De un lado la viabilidad de un sistema de protección con 4 ó incluso 5 millones de parados, con desempleados de larga duración que difícilmente pueden sobrevivir con 450 euros al mes, y menos aún si esos ingresos se limitan en el tiempo.

En segundo lugar, el documento hace diversas propuestas con respecto a los servicios públicos de empleo. Entre ellas “conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo y reorientar la actuación de los Servicios Públicos de Empleo” o “plantear un Programa de Empleo y Formación para dar trabajo temporal, como medio de transferir recursos a las personas que han agotado o no han alcanzado a los subsidios contributivos o rentas de inserción, a la vez que se realiza un trabajo productivo y se da formación a los trabajadores (...) fomentar las iniciativas de economía social y de autoempleo...”

La posición de nuestros sindicatos debía partir del derecho a la protección indefinida por desempleo, de ayudar a la búsqueda de empleo, pero la alternativa no puede ser una clase trabajadora que malviva de los subsidios.

No basta con cobertura del desempleo. Hay que defender los empleos que hay y crear empleo

¿Pueden limitarse las propuestas de los sindicatos a proteger a quienes pierden el empleo y formarlos para que consigan otro? ¿No debiera estar en primera línea la defensa de los empleos que ya existen, de la economía productiva, de la industria, de la construcción naval, el textil, la minería...?

En una situación mucho menos difícil que la del estado español, Epifani, secretario general de la CGIL, la principal confederación sindical italiana, ante una manifestación de dos millones y medio de trabajadores convocada por su sindicato el 4 de abril en Roma, exigía al gobierno “plantear un bloqueo efectivo de los despidos” ¿No deberían los sindicatos españoles plantear lo mismo? Si no se corta de raíz la oleada de despidos, ¿qué arcas públicas pueden garantizar un subsidio para 5 millones de parados?

¿No deberían UGT y CCOO, las grandes confederaciones que representan a los trabajadores, exigir el gobierno que tome medidas en defensa de la economía productiva, que ponga fin a la oleada de despidos, que tome medidas legales para “plantear un bloqueo efectivo de los despidos”, que el gobierno y las Comunidades Autónomas dejen de autorizar un ERE tras otro?

En lugar de ello, las propuestas de UGT y CCOO tan sólo plantean algunas medidas en el sentido de “mejorar la legislación de los expedientes de regulación de empleo”, con medidas como que “los planes sociales deben de tener un contenido exigible por la autoridad laboral”

También proponen algunas medidas que supondrían creación de empleo, reactivación económica. Pero las propuestas están lastradas por un grave problema. Difícilmente puede ponerse en marcha el ambicioso plan de obras públicas en infraestructuras, viviendas y equipamientos públicos que sería necesario si la caja del estado se ha vaciado para entregar miles de millones de euros a los banqueros, y sin una banca pública (habiéndose privatizado toda la que existía). ¿No deberían proponer los sindicatos que se devolvieran los miles de millones enterrados en el  pozo sin fondo de la banca y exigir la creación de una gran banca pública que garantizara el crédito que necesitan las familias y la economía productiva, incautándose los bancos que sea necesario?

  El sistema financiero

El documento no critica ni cuestiona en ningún momento las ayudas millonarias a los bancos (por el contrario, dice que “el Gobierno ha arbitrado una serie de medidas que, aun en la buena dirección, no han conseguido poner freno al intenso proceso de destrucción de empleo”). Lo que limita en gran medida las propuestas de actuación. Tan sólo se plantea “condicionar las ayudas públicas al sector a que las entidades hagan el máximo esfuerzo en reforzar sus reservas”.

Además, se detiene ante el umbral de la propiedad de los accionistas de la banca. Así, por ejemplo, habla de que “el Estado ha de fijar objetivos concretos de recapitalización de entidades (...) Cuando estas medidas no sean suficientes, el Estado puede recapitalizar directamente entidades para garantizar su viabilidad.” ¿La salida que proponen las organizaciones de los trabajadores debe ser “capitalizar” los bancos con fondos públicos, y no nacionalizarlos para crear una banca pública?

El mito del nuevo modelo productivo

La propuesta de un nuevo modelo productivo es uno de los ejes del documento. En la introducción del documento se habla de que  “el modelo de crecimiento español se ha caracterizado por el fuerte tirón de la construcción de vivienda residencial (...) y del sector servicios, con las conocidas consecuencias de: desorbitado encarecimiento del precio de la vivienda (...) gran crecimiento del empleo de baja cualificación, escasa estabilidad, insuficiente protección y bajos salarios; y altísimos beneficios empresariales que no se han reinvertido en investigación, innovación y formación de los trabajadores y trabajadoras”

Para cambiar el modelo, el documento de UGT y CCOO propone “ordenar y priorizar las inversiones públicas en I+D+i en toda la actividad productiva (...) la necesidad de una acción decidida de los interlocutores sociales, para asegurar que la innovación sea una herramienta de progreso social compartida por todos”.

Durante años se nos ha propuesto un “cambio de modelo”: es la llamada Estrategia de Lisboa de la Unión Europea,  que iba a convertir Europa en la “economía más competitiva” del planeta; para ello había que flexibilizar al máximo la mano de obra, recortar los salarios y el sistema de pensiones; en suma, destruir empleos y derechos en nombre de la I+D+i. Ahora las economías más avanzadas sufren la crisis con más intensidad si cabe. La propia OCDE ha debido reconocer que es la protección social la que preserva de la crisis: “la economía francesa se enfrenta a una profunda recesión este año, menos impactante que en otros lugares. Hay un sistema de protección social en Francia que sirve de colchón y que hace que la economía siga funcionando”. Pero la UE ha insistido machaconamente estos años en que la protección social era un lastre para la economía. Solo la resistencia de los trabajadores ha impedido que los gobiernos sometidos a la UE fueran más lejos por este camino.

Ahora, la salida es también el “cambio de modelo”? ¿Y qué nuevo modelo? ¿Puede pensarse que todos los trabajadores de la industria española van a ser investigadores?¿Garantizan la investigación y la innovación los puestos de trabajo y la actividad industrial? En el sector textil, por ejemplo, la experiencia dice que se mantienen unos pocos puestos de trabajo en el departamento de diseño y en la dirección operativa del grupo, y que se pierden miles de puestos de trabajo en la producción, que se deslocaliza a Marruecos, Turquía o China. Lo único que garantiza la  I+D+i  son los beneficios de Amancio Ortega, propietario de Inditex. En el automóvil se diseña en Hofsburgo y se fabrica en Praga, Brno, Tánger o Szichuan. En otros sectores productivos puede pasar lo mismo. Hoy, China o la India pueden fabricar cualquier cosa, se diseñe donde sea.

¿La enseñanza pública al servicio de las empresas?

Pero además, el nuevo modelo productivo tiene otras implicaciones. Por ejemplo, supone reformar el sistema educativo para ponerlo al servicio de las empresas . Así, las propuestas de UGT y CCOO incluyen una “Ley de Ciencia avanzada”, y también “mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo”

¿No choca eso con la movilización de miles de estudiantes contra el Plan Bolonia, que supone precisamente la devaluación de los títulos y la subordinación de la Universidad a las necesidades de las empresas?

Los sindicatos deben exigir al gobierno que actúe en defensa de los trabajadores

En mi opinión, no se trata de volver al diálogo social, como pretende la propuesta de Acuerdo por el empleo y la protección social. Los sindicatos deben exigir al gobierno un pacto con su base social, que incluya medidas como la prohibición de los despidos, la defensa de los puestos de trabajo de la industria, la nacionalización de la banca y un amplio plan de obras públicas. Esas son las medidas que necesitan los trabajadores, las que deben exigir los sindicatos, si es preciso mediante la movilización unida.

 

Luis González. Miembro del Consejo Confederal de CC.OO. 

Por qué no estoy de acuerdo con el “Pacto de Legislatura por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social” aprobado por el Consejo Confederal de CC.OO

 

Luis González

miembro del Consejo Confederal

 

La situación de la clase trabajadora es muy grave. Más de cuatro millones de parados, y la mayoría de expertos predicen que se superará la cifra de 5 millones, cientos de miles de despidos en la construcción, la industria, los servicios, casi un millón de parados no percibe subsidio alguno. Es una situación que exige que las organizaciones de los trabajadores y en primer lugar los sindicatos actúen. Y que el gobierno tome medidas.

La dirección de CC.OO. ha presentado una propuesta de  Pacto de Legislatura  por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social que fue aprobada por amplia mayoría en el Consejo Confederal de CC.OO., y que será ahora negociada con la dirección de UGT.

Era hora de que CC.OO. tomara la iniciativa, pero ¿es la propuesta de pacto aprobada lo que necesitan los trabajadores? Mi opinión es que no.

La propuesta es una prolongación de la línea de “diálogo social” seguida en los últimos años. El propio texto de la propuesta de pacto así lo dice: “CCOO considera que la estrategia de diálogo social que se concibió en julio de 2008 debe reorientarse, a la luz de la evolución de los acontecimientos. Por tanto, es imprescindible dar un nuevo impulso a la concertación social”. El diálogo social está en suspenso actualmente sólo por la actitud maximalista de la Patronal, como reconoce el texto de la propuesta de Pacto: “los representantes de la patronal, han concebido esta crisis como una nueva oportunidad de recuperar sus tasas de beneficio por la vieja vía de imponer sus propuestas desreguladoras del mercado laboral y de debilitamiento del sistema de protección social (...) Esta actitud ha hecho fracasar el marco para la negociación colectiva que supone el ANC, aunque  CCOO no renuncia a que se pueda recuperar la negociación, pudiéndose abordar la estructura de la negociación colectiva, si se modifican las pretensiones empresariales”.  

Pero ¿es el diálogo social lo que hace falta? La experiencia de años de diálogo social nos demuestra que éste solo nos trae recortes de derechos. Durante años las direcciones de CCOO (y de UGT) han admitido esos recortes en nombre de la creación de empleo. Hoy, la crisis está destruyendo cientos de miles de empleos. El empleo desaparece, pero los recortes de derechos pactados en el diálogo social permanecen.

La propuesta de Pacto de Legislatura, además, no tiene en cuenta un hecho que a mi juicio es central en la situación actual: Zapatero fue elegido hace un año para gobernar en favor de la base social de su gobierno, que no es otra que la clase trabajadora que le ha dado mayoritariamente su voto. Lo que hace falta es un “pacto” de Zapatero y su gobierno con esa mayoría social. Hasta ahora, Zapatero no ha mantenido esa línea. Ha dedicado cientos de miles de millones a ayudar a los banqueros, y apenas unos pocos miles a planes de empleo. Si el gobierno no cambia su política, si no actúa en defensa de su base social y se apoya en ella, no va a durar una legislatura. Ni la situación social, con más de 4 millones de parados, ni la aritmética parlamentaria se lo permiten.

La propuesta de pacto aprobada por el Consejo Confederal incluye actuaciones en dos ejes. De un lado, “en primer lugar, hay que intervenir para hacer frente a la actual coyuntura de crisis: protegiendo más y mejor a quienes más la sufren, los parados, para evitar que caigan en riesgo de exclusión social; reactivando la economía para evitar que se siga destruyendo empleo y reformando nuestro sistema financiero”

Por otra parte, se proponen medidas de actuación “con visión estratégica para cambiar el patrón de crecimiento que ha seguido la economía española hasta la fecha y que es responsable, en gran medida, de la situación por la que atravesamos: debemos apostar por una base industrial sólida que invierta en I+D+i, por mejorar el  sistema educativo y vincularlo más  y mejor al sistema productivo, y por consolidar y ampliar nuestro sistema de protección social.”

Con respecto a la cobertura del subsidio de desempleo, el pacto propone incrementar los periodos de prestación, así como facilitar el acceso al subsidio por desempleo y aumentar la duración del mismo. Nadie que defienda a los trabajadores puede estar en contra, pero, con 4 ó 5 millones de parados, con una recesión que anuncian que va a durar al menos dos años más, con una lenta recuperación después ¿qué sucederá cuando se agoten las prestaciones “prorrogadas”? ¿No habría que exigir subsidio indefinido para todos los parados? Lo que nos lleva a la cuestión de cómo financiarlo sobre la que volveré más adelante.

La propuesta habla de reactivar la economía para que no se siga perdiendo empleo, pero a mi juicio no profundiza en esa dirección. Hace falta un ambicioso plan de obras públicas, que incluya las propuestas de obra pública y de construcción de centros educativos y residencias para dependientes que se hacen en la propuesta de pacto,  pero que ha de ser mucho más ambiciosa. Para lo que también hace falta financiación.

En cuanto a las propuestas sobre el sector financiero, a mi juicio es donde la propuesta de pacto es más discutible. Sin duda, incluye medidas positivas, como la defensa de la actual naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro frente a los intentos de privatización pura y dura, pero parte de una orientación a mi juicio absolutamente errónea: no cuestiona en ningún momento las  multimillonarias ayudas aprobadas por el gobierno para la banca. Y ¿qué financiación puede haber para políticas sociales, para el seguro de desempleo, para planes de obras públicas, si se vacían las arcas públicas, si se despilfarran miles de millones en el sumidero sin fondo de la banca? Lo que hace falta es exigir al gobierno que corrija esa orientación, que obligue a los bancos a devolver el dinero, que nacionalice los bancos para crear una poderosa banca pública que permita asumir los planes de inversiones y garantice el crédito a la actividad productiva y las familias.

Con los fondos de la banca, eliminando las exenciones de impuestos y cotizaciones a los empresarios, recuperando impuestos como el del patrimonio, creando un impuesto sobre las grandes fortunas, eliminando vías de fraude fiscal como las SICAV (donde los ricos pagan impuestos al 1% por sus beneficios, mientras los trabajadores pagan 20 ó 30 veces más en el IRPF)

Respecto de la política industrial y el empleo, tampoco creo que la orientación adoptada en la propuesta de pacto sea la que necesitan los trabajadores. La cuestión del desempleo es crucial. ¿Qué convivencia, qué futuro puede haber en un país con 5 millones de parados, muchos de ellos malviviendo con prestaciones de miseria (el subsidio o la renta de inserción andan por los 450 euros mensuales) o sin ningún ingreso? ¿Qué capacidad de negociación, qué fuerza, pueden tener los sindicatos con un ejército de desempleados dispuestos a vender su fuerza de trabajo a bajo precio, presionando a la baja en toda negociación?

Cuando hay una continua sangría ¿puede bastar con aplicar transfusiones? ¿no es necesario acabar con la hemorragia? ¿No habría que cortar en primer lugar la sangría de empleos, los cientos de EREs, los miles de despidos?. En una situación mucho menos dramática que la del estado español, Epifani, secretario general de la CGIL, la principal confederación sindical italiana, ante una manifestación de dos millones y medio de trabajadores convocada por su sindicato el 4 de abril en Roma, exigía al gobierno “plantear un bloqueo efectivo de los despidos” ¿No deberían los sindicatos españoles plantear lo mismo? Si no se corta de raíz la oleada de despidos, ¿qué arcas públicas pueden garantizar un subsidio para 5 millones de parados?

En mi opinión, no se trata de volver al diálogo social, como pretende la propuesta de Pacto de Legislatura. Los sindicatos deben exigir al gobierno un pacto con su base social, que incluya medidas como la prohibición de los despidos, la nacionalización de la banca y un amplio plan de obras públicas. Esas son las medidas que necesitan los trabajadores, las que deben exigir los sindicatos.

 

 

Para qué este blog

Como responsable sindical de CC.OO. y miembro de su Consejo Confederal, máximo órgano de dirección de Comisiones Obreras entre congresos, quiero utilizar este blog para dar a conocer comentarios, iniciativas y convocatorias que defiendan el sindicalismo de clase, basado en la independencia recíproca de sindicatos y partidos, en la independencia respecto de los Estados y los organismos internacionales de los patronos.
Los sindicatos son organizaciones exclusivas de la clase trabajadora, para defender sus intereses económicos y sociales, contrapuestos a los de la clase capitalista. Desde su creación, no se limitan a la mera actividad en las empresas. Su objetivo último es la emancipación de la clase trabajadora.
Instituciones como la Unión Europea pretenden imponernos un nuevo corporativismo, basado en la "colaboración de los sindicatos en la gobernanza", a través del llamado diálogo social. La llamada Confederación Europea de Sindicatos es un instrumento de la Unión Europea para imponer a todas las organizaciones esa política.
En la difícil situación que vive la clase trabajadora con la crisis económica, hoy son más necesarios que nunca sindicatos fuertes, democráticos e independientes. Desde este blog intentaré ayudar a este objetivo.