Por qué no estoy de acuerdo con el “Pacto de Legislatura por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social” aprobado por el Consejo Confederal de CC.OO

 

Luis González

miembro del Consejo Confederal

 

La situación de la clase trabajadora es muy grave. Más de cuatro millones de parados, y la mayoría de expertos predicen que se superará la cifra de 5 millones, cientos de miles de despidos en la construcción, la industria, los servicios, casi un millón de parados no percibe subsidio alguno. Es una situación que exige que las organizaciones de los trabajadores y en primer lugar los sindicatos actúen. Y que el gobierno tome medidas.

La dirección de CC.OO. ha presentado una propuesta de  Pacto de Legislatura  por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social que fue aprobada por amplia mayoría en el Consejo Confederal de CC.OO., y que será ahora negociada con la dirección de UGT.

Era hora de que CC.OO. tomara la iniciativa, pero ¿es la propuesta de pacto aprobada lo que necesitan los trabajadores? Mi opinión es que no.

La propuesta es una prolongación de la línea de “diálogo social” seguida en los últimos años. El propio texto de la propuesta de pacto así lo dice: “CCOO considera que la estrategia de diálogo social que se concibió en julio de 2008 debe reorientarse, a la luz de la evolución de los acontecimientos. Por tanto, es imprescindible dar un nuevo impulso a la concertación social”. El diálogo social está en suspenso actualmente sólo por la actitud maximalista de la Patronal, como reconoce el texto de la propuesta de Pacto: “los representantes de la patronal, han concebido esta crisis como una nueva oportunidad de recuperar sus tasas de beneficio por la vieja vía de imponer sus propuestas desreguladoras del mercado laboral y de debilitamiento del sistema de protección social (...) Esta actitud ha hecho fracasar el marco para la negociación colectiva que supone el ANC, aunque  CCOO no renuncia a que se pueda recuperar la negociación, pudiéndose abordar la estructura de la negociación colectiva, si se modifican las pretensiones empresariales”.  

Pero ¿es el diálogo social lo que hace falta? La experiencia de años de diálogo social nos demuestra que éste solo nos trae recortes de derechos. Durante años las direcciones de CCOO (y de UGT) han admitido esos recortes en nombre de la creación de empleo. Hoy, la crisis está destruyendo cientos de miles de empleos. El empleo desaparece, pero los recortes de derechos pactados en el diálogo social permanecen.

La propuesta de Pacto de Legislatura, además, no tiene en cuenta un hecho que a mi juicio es central en la situación actual: Zapatero fue elegido hace un año para gobernar en favor de la base social de su gobierno, que no es otra que la clase trabajadora que le ha dado mayoritariamente su voto. Lo que hace falta es un “pacto” de Zapatero y su gobierno con esa mayoría social. Hasta ahora, Zapatero no ha mantenido esa línea. Ha dedicado cientos de miles de millones a ayudar a los banqueros, y apenas unos pocos miles a planes de empleo. Si el gobierno no cambia su política, si no actúa en defensa de su base social y se apoya en ella, no va a durar una legislatura. Ni la situación social, con más de 4 millones de parados, ni la aritmética parlamentaria se lo permiten.

La propuesta de pacto aprobada por el Consejo Confederal incluye actuaciones en dos ejes. De un lado, “en primer lugar, hay que intervenir para hacer frente a la actual coyuntura de crisis: protegiendo más y mejor a quienes más la sufren, los parados, para evitar que caigan en riesgo de exclusión social; reactivando la economía para evitar que se siga destruyendo empleo y reformando nuestro sistema financiero”

Por otra parte, se proponen medidas de actuación “con visión estratégica para cambiar el patrón de crecimiento que ha seguido la economía española hasta la fecha y que es responsable, en gran medida, de la situación por la que atravesamos: debemos apostar por una base industrial sólida que invierta en I+D+i, por mejorar el  sistema educativo y vincularlo más  y mejor al sistema productivo, y por consolidar y ampliar nuestro sistema de protección social.”

Con respecto a la cobertura del subsidio de desempleo, el pacto propone incrementar los periodos de prestación, así como facilitar el acceso al subsidio por desempleo y aumentar la duración del mismo. Nadie que defienda a los trabajadores puede estar en contra, pero, con 4 ó 5 millones de parados, con una recesión que anuncian que va a durar al menos dos años más, con una lenta recuperación después ¿qué sucederá cuando se agoten las prestaciones “prorrogadas”? ¿No habría que exigir subsidio indefinido para todos los parados? Lo que nos lleva a la cuestión de cómo financiarlo sobre la que volveré más adelante.

La propuesta habla de reactivar la economía para que no se siga perdiendo empleo, pero a mi juicio no profundiza en esa dirección. Hace falta un ambicioso plan de obras públicas, que incluya las propuestas de obra pública y de construcción de centros educativos y residencias para dependientes que se hacen en la propuesta de pacto,  pero que ha de ser mucho más ambiciosa. Para lo que también hace falta financiación.

En cuanto a las propuestas sobre el sector financiero, a mi juicio es donde la propuesta de pacto es más discutible. Sin duda, incluye medidas positivas, como la defensa de la actual naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro frente a los intentos de privatización pura y dura, pero parte de una orientación a mi juicio absolutamente errónea: no cuestiona en ningún momento las  multimillonarias ayudas aprobadas por el gobierno para la banca. Y ¿qué financiación puede haber para políticas sociales, para el seguro de desempleo, para planes de obras públicas, si se vacían las arcas públicas, si se despilfarran miles de millones en el sumidero sin fondo de la banca? Lo que hace falta es exigir al gobierno que corrija esa orientación, que obligue a los bancos a devolver el dinero, que nacionalice los bancos para crear una poderosa banca pública que permita asumir los planes de inversiones y garantice el crédito a la actividad productiva y las familias.

Con los fondos de la banca, eliminando las exenciones de impuestos y cotizaciones a los empresarios, recuperando impuestos como el del patrimonio, creando un impuesto sobre las grandes fortunas, eliminando vías de fraude fiscal como las SICAV (donde los ricos pagan impuestos al 1% por sus beneficios, mientras los trabajadores pagan 20 ó 30 veces más en el IRPF)

Respecto de la política industrial y el empleo, tampoco creo que la orientación adoptada en la propuesta de pacto sea la que necesitan los trabajadores. La cuestión del desempleo es crucial. ¿Qué convivencia, qué futuro puede haber en un país con 5 millones de parados, muchos de ellos malviviendo con prestaciones de miseria (el subsidio o la renta de inserción andan por los 450 euros mensuales) o sin ningún ingreso? ¿Qué capacidad de negociación, qué fuerza, pueden tener los sindicatos con un ejército de desempleados dispuestos a vender su fuerza de trabajo a bajo precio, presionando a la baja en toda negociación?

Cuando hay una continua sangría ¿puede bastar con aplicar transfusiones? ¿no es necesario acabar con la hemorragia? ¿No habría que cortar en primer lugar la sangría de empleos, los cientos de EREs, los miles de despidos?. En una situación mucho menos dramática que la del estado español, Epifani, secretario general de la CGIL, la principal confederación sindical italiana, ante una manifestación de dos millones y medio de trabajadores convocada por su sindicato el 4 de abril en Roma, exigía al gobierno “plantear un bloqueo efectivo de los despidos” ¿No deberían los sindicatos españoles plantear lo mismo? Si no se corta de raíz la oleada de despidos, ¿qué arcas públicas pueden garantizar un subsidio para 5 millones de parados?

En mi opinión, no se trata de volver al diálogo social, como pretende la propuesta de Pacto de Legislatura. Los sindicatos deben exigir al gobierno un pacto con su base social, que incluya medidas como la prohibición de los despidos, la nacionalización de la banca y un amplio plan de obras públicas. Esas son las medidas que necesitan los trabajadores, las que deben exigir los sindicatos.